12/09/2021

INTERINOS

 

Interinos

  Antonio Quirce Garrido

En España tenemos una cifra de interinos y temporales entre 625.000 y 800.000, que en muchos departamentos de las diversas administraciones superan el 25%. Podemos contrastar esta situación con el proyecto del Gobierno de poner como tope de temporales en las empresas el 15%.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? La insuficiencia de los presupuestos dedicados a los servicios públicos por parte de los diversos gobiernos, agravado en los últimos tiempos por las sucesivas crisis económicas, especialmente con los decretos de Rajoy sobre reposición de plantillas.

Una situación adornada por dos mantras repetitivos: hacer más con menos y las crisis son tiempo de oportunidades. El primero es claro: sobrecargar y explotar más a los trabajadores. En la realidad supuso también una gran merma en la cantidad de los servicios prestados a los ciudadanos. El segundo también, no hay más que observar el revoloteo de los buitres en torno a las ruinas del sector público.

No es la primera vez qué se producen hechos similares, desde los primeros gobiernos de la transición han tenido lugar situaciones similares y se han resuelto con convocatorias enfocadas hacia los interinos. ¿Cuál es la diferencia con las condiciones actuales? El acuerdo firmado por el PP, CC.OO., U.G.T. y C.S.I.F. suponía la convocatoria más dura para los interinos, al resolver un concurso oposición, con la fase oposición eliminatoria, lo que, en la práctica, supone convocatorias libres. Se hizo incluso sin acogerse al modelo de las convocatorias de los primeros años 90, hechas según las condiciones impuestas por sentencia del Tribunal Constitucional. El Decreto Iceta continuó en la línea marcada por el PP, pero los hechos acaecidos supusieron la imposibilidad de su tramitación: el veto, entre otros, de los partidos nacionalistas canarios, catalanes y vascos, las movilizaciones de los interinos, al margen de los sindicatos, y la sentencia del T.J.U.E. declarando la situación en fraude de ley de temporales e interinos y obligando al Gobierno a su estabilización o, en su caso, una indemnización justa y disuasoria.

El resultado es el decreto ley Montero, aprobado después de pactos con los partidos vascos y el socio minoritario del Gobierno. Un resultado que no logra el aval de los interinos y de seguir así acabará otra vez en el T.J.U.E.

 Se fija la estabilidad, arbitrariamente, de los interinos que lleven cinco años en su puesto, aquí tenemos un enorme escollo. Primero los tribunales españoles ya empiezan a dictar sentencias a favor de la estabilidad de los trabajadores temporales, no interinos, qué acrediten tres años en su puesto, de acuerdo con las leyes laborales. Segundo, éste decreto deja fuera a una gran masa de interinos, los pertenecientes sobre todo a enseñanza y en menor cuantía sanidad; hay interinos con más de veinte años de antigüedad qué no pueden acreditar esos cinco años de fijeza en el mismo puesto, son contratos anuales, con un destino diferente cada año.

Son increíbles estas posturas en la situación actual, por lo visto, incluso en la tramitación de este Decreto, no son impedimentos legales sino una cerrazón en una línea, un posicionamiento, que vemos permea tanto a Gobiernos conservadores como progresistas. Veamos varios hechos qué no tienen justificación:

En Educación, ahora mismo, el estado está pagando directamente a miles de docentes de la enseñanza concertada utilizando el eufemismo del pago delegado, docentes que no han pasado ningún proceso público de selección.

En Sanidad tenemos un muy grave problema de falta de médicos en prácticamente todas las especialidades, con o sin oposición, hagamos notar por ejemplo el colapso de atención primaria. Un contraste con los 3.000 facultativos que tramitan todos los años la licencia para trabajar en el extranjero.

En muchos cuerpos de funcionarios la edad media de los mismos es elevada y presentan graves carencia de personal, salvo los cuerpos policiales,

No podemos mirar para otro lado ante la tremenda injusticia que se está llevando a cabo con los interinos, llevan muchos años de experiencia profesional sin qué su patrón, la Administración, les haya sancionado o echado por incumplimiento de sus obligaciones. No podemos echarles las culpas de las ineficiencias de las sucesivas Administraciones políticas, qué se ha ahorrado dinero, qué ha maquillado déficits de cuentas públicas con ellos, con un manejo de los servicios públicos en plan chiringuito privado, siendo la Administración el principal foco de trabajo precario.

Como se comentaba al principio, es un proceso no entendible, si no pensamos en un proceso de privatizaciones, externalizando servicios y dejando al sector público como mero prestador de las atenciones mínimas al ciudadano, a semejanza de los modelos anglosajones, especialmente el estadounidense, dentro del ataque brutal del neoliberalismo para conseguir nuevos nuevos nichos de negocios. Como decía un presidente de Gobierno ¿Qué más da qué el gato sea blanco o negro? El caso es que cace ratones.