9/28/2020

Pandemia: una "auditoría" más política que técnica y neutral

 

Gaspar Llamazares

"No hay nada más ideológico que afirmar que estamos ante el fin de las ideologías". 
Norberto Bobbio




Imagen: CI

V
uelve con renovada insistencia el emplazamiento de un grupo de expertos al gobierno central para que promueva una "auditoría neutral" de la gestión de la pandemia. Una evaluación que se reclama urgente y a realizar sobre la marcha y en plena pandemia con el objetivo de prepararse mejor para el futuro. Porque, es conocido que hace tiempo que el Presidente del gobierno había anunciado públicamente su intención de llevarla a cabo al final de la pandemia.

La premisa del manifiesto es una posición muy crítica frente a la gestión de la pandemia, precisamente al calor de sus dos momentos más difíciles. Además, todos los firmantes del mismo, en sus entrevistas, tienen formado ya un juicio crítico sobre distintos aspectos de la gestión española de la pandemia, que cuanto menos califican de tardía, insuficiente y errónea por diversas carencias: desde los sistemas de información, las alertas o los indicadores, y de éstos a los déficits en el liderazgo y la coordinación entre administraciones, la gestión de los equipos y la respuesta de servicios sanitarios y sociales frente a la pandemia. Cuando no se impugnan incluso las prioridades presupuestarias o la orientación del conjunto del sistema de salud. En definitiva, bastante más política de lo deseado. Así lo ha entendido también la oposición que ha vuelto a aplaudir la iniciativa.

Estoy seguro de que los firmantes aludidos son muy conscientes de que la gestión de cualquier pandemia, como la de la covid19, es un hecho eminentemente político, para el que ciertamente los gobiernos pueden y deben basarse en las evidencias científicas, aunque a la vista está que en países conocidos y significativos eso no siempre ha sido así, pero en la que los respectivos gobiernos deben ponderar también otros factores económicos, sociales, culturales y de comunicación..., además de los científicos, técnicos y sanitarios. Es decir, políticos. Sobre todo si como ocurre en este caso la pandemia es tan novedosa y su evolución está sujeta a tanta incertidumbre que la propia ciencia modifica sus convicciones de día en día. Y así ha sido.

En consecuencia, el control y la evaluación de la gestión son, por tanto, también políticos. Es cosa del Parlamento y la oposición y en Estados democráticos descentralizados como España también de los respectivos parlamentos autónomos, eso sí con el asesoramiento de los epidemiólogos, los técnicos de salud pública, los médicos o de los científicos. De hecho, aún a pesar del largo confinamiento, el Ministro de Sanidad y el Presidente del Gobierno han rendido cuentas semanalmente al Congreso de los Diputados, a las conferencias de presidentes de CCAA, al consejo interterritorial del sistema de salud y públicamente ante la opinión pública. Y en esos marcos han sido objeto de crítica tanto el fondo como la forma por su gestión de la pandemia.

Es cierto, sin embargo, que la comisión parlamentaria de reconstrucción, y más en concreto, el dictamen relativo a lo propiamente sanitario han dejado mucho que desear, dada la precipitación de su tramitación, la elaboración apresurada de sus conclusiones y por la mezcla en su contenido de aspectos propios de la pandemia, como es la agencia de salud pública, junto a otros más estratégicos, y pendientes de bastante tiempo antes, como el Pacto de Estado sobre el futuro de la sanidad pública. Aunque, es verdad también que en plena segunda ola pandémica, aún queda un largo camino por recorrer para el control y la orientación del Parlamento así como para nuevas evaluaciones políticas y recomendaciones de cara a futuras pandemias.

En cuanto a la auditoría técnica propiamente dicha, entendida como una evaluación de la toma de decisiones, los procesos y las actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos de salud publica, de lucha frente a la transmisión y para reducir el impacto de la Covid19, en todo caso, ésta, en mi opinión, tendría todo su sentido con el final de la pandemia y dado su carácter global, en un marco de coordinación con organismos internacionales como el ECDC y la OMS. 

Por eso no comparto la urgencia de la mencionada auditoría, cuando la segunda ola está en marcha y con las administraciones y los servicios sanitarios en una creciente tensión, si acaso entre tanto se precisaría un mecanismo de evaluación continua y reorientación operativa, incorporado a la práctica de la dirección del CCAES y de las respectivas comisiones de salud pública, en colaboración con las CC.AA. Estaríamos hablando entonces de nuevo del famoso comité de expertos como asesor del gobierno y del Consejo Interterritorial.

Hasta ahora, la asesoría del gobierno en la Covid19 la han formado la comisión de salud pública con los técnicos de las CC.AA., el comité científico con el Carlos III y el comité asesor para la desescalada. Es verdad que con una participación excesivamente limitada de la sociedad civil. Quizá aquí haya estado la principal razón del origen de la actual polémica desde el punto de vista eminentemente técnico. Una polémica que no es nueva ni específica de nuestro país, ya que los técnicos y asesores en España, las CC.AA. y en otros Estados han formado y van a seguir formando parte, por su vinculación a la gestión, de las controversias políticas de las pandemias, cuestionados con mayor virulencia por parte de sectores negacionistas

En España se trata de un comité de expertos, que podríamos denominar fantasma, que ha sido además otra de las polémicas públicas y también políticas con la oposición en el momento del confinamiento, en que arreciaban las descalificaciones al gobierno y a sus técnicos.

Sin embargo, lo más llamativo es el tipo de neutralidad que se le reclama al estudio, o al menos así se ha explicado, donde ésta se establece no como equidistante, sino como una posición de prejuicio frente al sector publico al que de hecho se considera como parte interesada. Lo que no quiere decir que alguien de fuera, aunque provengan del ámbito privado o de los organismos internacionales, sea en esencia neutral y carezca de posición. De hecho solo se les solicita la preceptiva declaración de intereses.

La neutralidad se define desde el prejuicio hacia lo público 


Existirían otras instancias públicas como la universidad o los institutos científicos públicos, en principio tan objetivos como cualquier otro, que pueden realizar la auditoría y a quienes no se contempla, probablemente también como partes contaminadas. Se ha llegado a decir incluso que no podrá formar parte del mismo nadie que haya asesorado a un gobierno.

Tal neutralidad se entiende, por tanto, como un tipo de parcialidad, en este caso frente a las administraciones y al sector público. Es decir se trataría de una auditoría en exclusiva de la sociedad civil y con tantas exclusiones, que requeriría incluso expertos de fuera de nuestro país.

Finalmente y como una excusa no solicitada, se afirma que dicha auditoría no pretende ser utilizada como arma política frente a los gobiernos. Sin embargo, tanto la salud pública como la gestión sociosanitaria e incluso los determinantes sociales de la transmisión del virus entre los que están el hacinamiento, la precariedad o la movilidad... son consecuencias de medidas políticas y por tanto muy difíciles de deslindar o en sus propios términos de neutralizar políticamente. Este tipo de neutralidad tampoco está en manos de los solicitantes.

Desde fuera y al margen de la política, se podría interpretar entonces la mencionada auditoría neutral como una evaluación sobre el papel de los técnicos y funcionarios públicos, de sus comités, comisiones e institutos, a la par que sobre su seguimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales. Una investigación de unos técnicos pretendidamente impolutos, al margen del sistema, sobre los técnicos del sector sanitario público, al estilo de las investigaciones policiales de asuntos internos, de la que por principio se les excluye, pero que paradójicamente podría exigir de ellos una atención y unos recursos, ya de por sí escasos, en plena segunda ola.

En resumen, la iniciativa trasluce una desconfianza hacia la política y por extensión una actitud de reserva hacia el papel de los técnicos y profesionales del sector publico en la lucha frente a la pandemia.

Algo similar, y no por casualidad, viene ocurriendo con respecto a las decisiones sobre los proyectos a financiar con los futuros fondos europeos de reconstrucción, aunque esta vez sea con carácter preventivo. Una posición que abarca de nuevo desde la desconfianza hacia las prioridades y proyectos de este Gobierno, hasta la crítica injusta a la función pública por la baja ejecución de los fondos europeos en el periodo reciente, cuando la causa es sobre todo la escasez presupuestaria.