Pensionistas en el poyo de la iglesia en Castilla. Foto: CI
Cayo Lara
El Banco de España lanza un nuevo ataque al sistema público de pensiones, cuestión que no es de su competencia. La realidad es que es viable económicamente
No paran ni en tiempos de cólera. Los satélites que el capital financiero tiene en el Banco de España, vuelven a cargar contra las pensiones. Son los mismos que defendían el endurecimiento de las condiciones de jubilación de las reformas de Zapatero y de Rajoy. Los mismos que se dedicaron a mirar para otro lado, incumpliendo sus funciones, ante el saqueo de las Cajas de Ahorros, mientras se dedicaban a emitir informes defendiendo las reformas laborales que arrancaban derechos de los trabajadores, que abarataban los despidos, precarizaban el empleo o devaluaban los salarios, medidas que conviene recordar fueron contestadas por los sindicatos con sendas huelgas generales. Son los mismos que ahora vuelven a la carga aprovechando la reducción del PIB como consecuencia de la pandemia que sufrimos. Sería deseable que algún Gobierno decidiera poner un poquito de orden en esa Institución.
El sistema público de pensiones viene siendo cuestionado y atacado por sus detractores prácticamente desde su nacimiento. La filosofía es siempre la misma: deteriorar lo público para convertir derechos en negocio privado. Así ocurre con la sanidad, la educación u otros servicios públicos esenciales. En el caso de las pensiones atacan el sistema de reparto para defender un sistema de capitalización privado. El bocado de las pensiones es demasiado jugoso para que las aseguradoras de fondos privados no solo se dediquen a publicitar las supuestas bondades de su producto, al que, intolerablemente, ya se dedican del erario público unos 2.000 millones para incentivarlo, sino que utilizan instituciones y gobiernos para debilitar al sistema público. Sueñan pasar en España del equivalente al 9,6 % de la riqueza nacional que se dedicaba a planes de pensiones privados en 2015 - según datos de la OCDE - a porcentajes como el 79,4% que dedicaba EEUU o el 178% de Holanda. Naturalmente, eso solo sería posible dejando como una especie de sistema de beneficencia residual el actual sistema público de pensiones.
Dicen los detractores del sistema público que la Seguridad Social está en quiebra y la tiene que salvar el Estado cada año con préstamos. Esa afirmación es tan falsa como como las “armas de destrucción masiva”. El Estado no puede hacerse préstamos así mismo, porque Seguridad Social y Estado son un mismo cuerpo. Las pensiones se mantienen con las cotizaciones de empresas y trabajadores en activo y con aportaciones del Estado, que ahora nos venden como préstamos. Si así fuera, también podíamos alegar que las cotizaciones recaudadas hasta 2012 eran siempre muy superiores a la nómina de las pensiones y que hasta el año 2000 no se constituyó el fondo de reserva solo con una parte del superávit de las cotizaciones. Si aceptáramos la filosofía del préstamo, hay estudios que afirman que superaron los 200.000 millones de euros lo que el Estado recaudó más por cotizaciones que lo que dedicó al pago de pensiones por lo que quedaría mucho margen para seguir “devolviendo prestamos” al sistema de pensiones.
Pero eso son solo fuegos de artificio interesados que son posibles porque el Gobierno aún no ha resuelto esa cuestión, que debería ser meramente técnica, para evitar precisamente que se utilice torticeramente por los que solo quieren debilitar el sistema público.
Las pensiones públicas representan en España el 11% del PIB. En Alemania, Francia o Italia, el 15%
El sistema público de pensiones es imprescindible socialmente y viable económicamente, sí o sí.
Es imprescindible socialmente porque casi 10 millones de pensionistas más otros 5 millones de cónyuges a cargo dependen de una pensión pública que conviene recordar que en un 44% de los perceptores no llega a 800 euros mensuales. Con todo, ese ha sido el refugio fundamental que dio cobijo a muchos trabajadores en activo cuando perdieron el empleo en la crisis de 2008. Son esos millones de pensionistas los que hacen posible que se mueva una parte esencial de nuestra economía vía consumo y manteniendo y generando empleo vital en el sector primario y de servicios. Todo el dinero de las pensiones es una inyección directa y constante a una economía que afronta la crisis del Cobid 19 sin haber superado la del 2008.
El sistema público de pensiones es viable económicamente porque a pesar de la reducción del PIB que estamos sufriendo – que es coyuntural - sigue habiendo margen suficiente para que no se menoscabe la nómina de las pensiones y se sigan actualizando de acuerdo con el coste de la vida, mejorando siempre las más bajas. En España se destinaba a principios de 2020 el equivalente al 11% del PIB a las pensiones. Aunque después de los efectos de la pandemia tengamos que destinar un punto más, seguimos estando por debajo de lo que dedican países de nuestro entorno como Austria, Italia, Francia o Finlandia que destinan a sus sistemas públicos de pensiones más del 14% de su riqueza nacional.
En la transformación de una parte de esa riqueza nacional en recursos públicos para hacer frente al gasto necesario está el gran caballo de batalla, aún no resuelto, para no tener que recurrir a más deuda para asumir el incrementado déficit público y que parece que no hay mucha voluntad por parte del gobierno para abordarlo. La propuesta de presupuestos para 2021, que parten de los todavía prorrogados desde 2018, solo incorpora leves reformas en lo fiscal que no resolverán la insuficiencia financiera. La baja contribución fiscal en España sigue entre 5 y 6 puntos por debajo de las medias de los países de la Zona Euro y de la UE y la mayor carga fiscal recae sobre las rentas del trabajo y el consumo que soportaron en 2019 un 87% de los impuestos mientras que los beneficios del capital solo aportaron un 13% de forma muy desigual en favor de las grandes corporaciones.
El sistema público de pensiones se tiene que seguir nutriendo de las cotizaciones sociales y de las aportaciones del Estado. Para eso se necesita un Estado fiscalmente fuerte, no con más impuestos sino con más justicia fiscal dónde el peso de los mismos no siga recayendo sobre el trabajo y el consumo y contribuyan más las rentas y los beneficios del capital. Para eso sólo hace falta voluntad política de un Gobierno que cumpla en serio eso que predica: que nadie se quede atrás.
