Tejido Productivo, reparto y economía real en el Reino de España (I).

 

La Plaza Mayor de Madrid y sus bares durante la pandemia. Foto, CI

Carlos Martínez.
Politólogo y secretario general del PSLF. Del Consejo Científico de Attac 

España padece esta situación económica porque así lo han querido sus élites políticas y económicas locales y europeas y sus propios grandes empresarios. En los planes de relanzamiento económico que se nos presentan como un triunfo habrá que ver no a donde van las ayudas y prestamos UE, que también, sino que modelo económico queremos desarrollar.

Caminar hacia una democracia política y social plantea la necesidad de la República




Carlos Martínez, politólogo. 
Secretario general del Partido Socialista Libre Federación

Si alguien incumple la Constitución de 1978 son Vox y el PP, pese a que su aplicación ha originado una democracia de baja calidad. La República es necesaria para la democracia social.


Q
ue la democracia en España es de baja calidad lo demuestra cada poco la 
justicia europea tumbando sentencias reaccionarias de la judicatura española. En Alemania o Bélgica carecen de figuras delictivas que en el reino de España existen y allí no, en materia de libertades y derechos. Que chirrían las instituciones del Estado ya sea por el desgaste de la Constitución del 78 o lo que las cúpulas monárquicas del PSOE definen como el “pacto constitucional”, que está más que superado y no asumido o desconocido por gran parte de personas jóvenes y/o menores de 45 años. La Constitución y la Corona están blindadas solamente por VOX, el PP y Cs más la dirigencia dinástica y liberal del PSOE (escisión de Felipe González), en un pacto contra natura, un frente monárquico en realidad, pues en lo tocante a las instituciones del Estado del 78 si alguien incumple esa Constitución son el PP y VOX con sus constantes bloqueos y sus constantes ataques a la libertad de expresión y de partidos, vía denuncias continuadas contra otros partidos políticos a causa de sus ideas y sus programas, que la mayoría de la judicatura claramente politiza y ampara.

Trabajo decente y justicia social

 

Santiago González Vallejo. 
Economista. USO y Plataforma por la Justicia Fiscal.

Trabajo decente y justicia fiscal están profundamente vinculados. El cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es posible.


Línea financiera de Madrid. Foto, F. Hemonnet
¿P
or qué tenemos que recordar que todo lo que tenemos y lo que llegaremos a tener o saber es fruto de la acumulación del trabajo? Y, sin embargo, estamos contemplando una pérdida de su valoración. La valorización económica del trabajo, su precio, frente a una financiarización de la economía.

Palestina, peón sacrificado en una partida de ajedrez

Joaquín Iborra

 

El llamado Acuerdo de Abraham es una cobertura para resideñar la región en favor de Israel, EE.UU. y algunas monarquías del Golfo.

 



El martes 15 de septiembre, se firmó en la Casa Blanca, un acuerdo de Paz entre Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Es el nuevo Acuerdo del Siglo y su nombre para la historia, el Acuerdo de Abraham. 

Entre el 25 y el 31 de agosto de 2020 se produjeron tres visitas relámpago de la diplomacia anglosajona a Israel. El 25 de agosto Dominic Raab responsable de la política exterior del Reino Unido y el 26 secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo y el 31 la de Jared Kushner, alto asesor en política exterior del presidente de Estados Unidos Donald Trump. 

Todas enmarcadas en una gira por varios países para convencerles de las virtudes del Acuerdo de Abraham que días antes, Israel y los Emiratos Árabes Unidos habían acordado firmar. 

Presupuestos, bancos, Madrid: una mirada desde el análisis de clase

José Antonio García Rubio

La actualidad política es densa. Comienzan a debatirse los Presupuestos Generales del Estado para 2021, se anuncia la fusión entre CaixaBank y Bankia y la gestión de la pandemia en Madrid se construye en formato desastre. Tres cuestiones estrechamente vinculadas desde una visión de clase. 

Un modelo de turismo insostenible. Terrazas en la Plaza Mayor de Madrid. Foto, CI


Ingreso Mínimo Vital: ¿Nadie va a quedar atrás?

Joaquín Iborra

El Ingreso Mínimo Vital despertó la esperanza de cientos de miles de personas pero su gestión está siendo un desastre. El artículo cuenta esta realidad desde muy cerca. Además propone otras soluciones más dignas a medio y largo plazo, como la disminución de la jornada laboral.



La estrategia del caracol

Cuando el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pronuncio estas palabras, creo recordar que era un 17 de marzo, en pleno confinamiento y con el Estado de Alerta recién proclamado, muchos trabajadores y trabajadoras respiramos tranquilos: nuestro Presidente, la cabeza visible del Gobierno de Coalición de izquierda, no nos iba a abandonar a nuestra suerte. 

Días después, el Vicepresidente Pablo Iglesias lanzaba la propuesta de que las familias más afectadas por la crisis económica que estaba dejando la pandemia se podrían acoger a un Ingreso Mínimo Vital. Esta especie de ayuda, que se anunciaba en el programa electoral de Unidas Podemos y que se recogió en el acuerdo de gobierno entre UP y PSOE, se convirtió, de la noche a la mañana, en el sueño de muchas familias que veían un poco de luz al final de un túnel que se va ser largo y muy, muy oscuro. 

El plazo iba a ser muy breve y la tramitación urgente. A todo esto, la Administración, al igual que el resto del país estaba bajo mínimo y con pocas posibilidades de funcionar al 100 por 100 en un plazo corto de tiempo. 

El sistema público de pensiones es viable, sí o sí

Pensionistas en el poyo de la iglesia en Castilla. Foto: CI


Cayo Lara

El Banco de España lanza un nuevo ataque al sistema público de pensiones, cuestión que no es de su competencia. La realidad es que es viable económicamente 

No paran ni en tiempos de cólera. Los satélites que el capital financiero tiene en el Banco de España, vuelven a cargar contra las pensiones. Son los mismos que defendían el endurecimiento de las condiciones de jubilación de las reformas de Zapatero y de Rajoy. Los mismos que se dedicaron a mirar para otro lado, incumpliendo sus funciones, ante el saqueo de las Cajas de Ahorros, mientras se dedicaban a emitir informes defendiendo las reformas laborales que arrancaban derechos de los trabajadores, que abarataban los despidos, precarizaban el empleo o devaluaban los salarios, medidas que conviene recordar fueron contestadas por los sindicatos con sendas huelgas generales. Son los mismos que ahora vuelven a la carga aprovechando la reducción del PIB como consecuencia de la pandemia que sufrimos. Sería deseable que algún Gobierno decidiera poner un poquito de orden en esa Institución.

El sistema público de pensiones viene siendo cuestionado y atacado por sus detractores prácticamente desde su nacimiento. La filosofía es siempre la misma: deteriorar lo público para convertir derechos en negocio privado. Así ocurre con la sanidad, la educación u otros servicios públicos esenciales. En el caso de las pensiones atacan el sistema de reparto para defender un sistema de capitalización privado. El bocado de las pensiones es demasiado jugoso para que las aseguradoras de fondos privados no solo se dediquen a publicitar las supuestas bondades de su producto, al que, intolerablemente, ya se dedican del erario público unos 2.000 millones para incentivarlo, sino que utilizan instituciones y gobiernos para debilitar al sistema público. Sueñan pasar en España del equivalente al 9,6 % de la riqueza nacional que se dedicaba a planes de pensiones privados en 2015 - según datos de la OCDE - a porcentajes como el 79,4% que dedicaba EEUU o el 178% de Holanda. Naturalmente, eso solo sería posible dejando como una especie de sistema de beneficencia residual el actual sistema público de pensiones.

Dicen los detractores del sistema público que la Seguridad Social está en quiebra y la tiene que salvar el Estado cada año con préstamos. Esa afirmación es tan falsa como como las “armas de destrucción masiva”. El Estado no puede hacerse préstamos así mismo, porque Seguridad Social y Estado son un mismo cuerpo. Las pensiones se mantienen con las cotizaciones de empresas y trabajadores en activo y con aportaciones del Estado, que ahora nos venden como préstamos. Si así fuera, también podíamos alegar que las cotizaciones recaudadas hasta 2012 eran siempre muy superiores a la nómina de las pensiones y que hasta el año 2000 no se constituyó el fondo de reserva solo con una parte del superávit de las cotizaciones. Si aceptáramos la filosofía del préstamo, hay estudios que afirman que superaron los 200.000 millones de euros lo que el Estado recaudó más por cotizaciones que lo que dedicó al pago de pensiones por lo que quedaría mucho margen para seguir “devolviendo prestamos” al sistema de pensiones. 

Pero eso son solo fuegos de artificio interesados que son posibles porque el Gobierno aún no ha resuelto esa cuestión, que debería ser meramente técnica, para evitar precisamente que se utilice torticeramente por los que solo quieren debilitar el sistema público. 

Las pensiones públicas representan en España el 11% del PIB. En Alemania, Francia o Italia, el 15%

El sistema público de pensiones es imprescindible socialmente y viable económicamente, sí o sí. 

Es imprescindible socialmente porque casi 10 millones de pensionistas más otros 5 millones de cónyuges a cargo dependen de una pensión pública que conviene recordar que en un 44% de los perceptores no llega a 800 euros mensuales. Con todo, ese ha sido el refugio fundamental que dio cobijo a muchos trabajadores en activo cuando perdieron el empleo en la crisis de 2008. Son esos millones de pensionistas los que hacen posible que se mueva una parte esencial de nuestra economía vía consumo y manteniendo y generando empleo vital en el sector primario y de servicios. Todo el dinero de las pensiones es una inyección directa y constante a una economía que afronta la crisis del Cobid 19 sin haber superado la del 2008. 

El sistema público de pensiones es viable económicamente porque a pesar de la reducción del PIB que estamos sufriendo – que es coyuntural - sigue habiendo margen suficiente para que no se menoscabe la nómina de las pensiones y se sigan actualizando de acuerdo con el coste de la vida, mejorando siempre las más bajas. En España se destinaba a principios de 2020 el equivalente al 11% del PIB a las pensiones. Aunque después de los efectos de la pandemia tengamos que destinar un punto más, seguimos estando por debajo de lo que dedican países de nuestro entorno como Austria, Italia, Francia o Finlandia que destinan a sus sistemas públicos de pensiones más del 14% de su riqueza nacional. 

En la transformación de una parte de esa riqueza nacional en recursos públicos para hacer frente al gasto necesario está el gran caballo de batalla, aún no resuelto, para no tener que recurrir a más deuda para asumir el incrementado déficit público y que parece que no hay mucha voluntad por parte del gobierno para abordarlo. La propuesta de presupuestos para 2021, que parten de los todavía prorrogados desde 2018, solo incorpora leves reformas en lo fiscal que no resolverán la insuficiencia financiera. La baja contribución fiscal en España sigue entre 5 y 6 puntos por debajo de las medias de los países de la Zona Euro y de la UE y la mayor carga fiscal recae sobre las rentas del trabajo y el consumo que soportaron en 2019 un 87% de los impuestos mientras que los beneficios del capital solo aportaron un 13% de forma muy desigual en favor de las grandes corporaciones. 

El sistema público de pensiones se tiene que seguir nutriendo de las cotizaciones sociales y de las aportaciones del Estado. Para eso se necesita un Estado fiscalmente fuerte, no con más impuestos sino con más justicia fiscal dónde el peso de los mismos no siga recayendo sobre el trabajo y el consumo y contribuyan más las rentas y los beneficios del capital. Para eso sólo hace falta voluntad política de un Gobierno que cumpla en serio eso que predica: que nadie se quede atrás.

De cómo la izquierda ha perdido sus referentes ideológicos. El discurso de género

Manifestación del 8 de marzo de 2020 en Madrid. Foto: Cajón Izquierdo






Lidia Falcón 
Las mujeres tienen que luchar contra el patriarcado y el capitalismo. La nueva Ley LGTBI, que prepara Unidas Podemos, pretende imponer en la sociedad el discurso "queer"


La República no llegará sólo con desearlo

 

 Jorge Saura

Comisión Política e Ideológica del Partido Feminista

La III República necesita más influencia idelógica del pensamiento democrático republicano y más presencia en la política, en las Instituciones y en los medios de comunicación de las fuerzas republicanas 
 

Gradas republicanas en el Parque de Las Cruces en Carabanchel (Madrid)


Comentario del informe de Médicos sin Fronteras sobre las residencias de mayores y el COVID-19


 

Los datos apuntan a que han muerto más personas por estar en una residencia que por su edad. Aparte de ello, Cajón Izquierdo valora en esta entrada el documento publicado por Médicos sin Fronteras sobre la afectación a las residencias del COVID-19

 

Un nuevo modelo productivo para un nuevo proyecto de país

Digitalización e inteligencia artificial sectores clave del Nuevo Modelo Productivo. Imagen de @Txema Acelga. imagenesdemimirada.simplesite.com. Con autorización del autor



Julián Azevedo

El modelo productivo que ha dominado la economía española a lo largo de la transición es un modelo perverso para el desarrollo sostenible del país. Es necesario un nuevo modelo, cuyos rasgos esenciales obligan a cambios políticos y económicos